El sindicato SIDI acaba de publicar en Change una petición para un "nuevo sistema de oposiciones justo, objetivo y transparente", nada que objetar porque me parece perfecto todo lo que ayude a plantear el debate sobre un cambio en las actuales pruebas de acceso o acelerar lo que teóricamente ya estaba planteado desde hace años (cambio en temario, tipo de prueba, etc.).
Leyendo la petición no obstante me llama la atención dos aspectos que sí que se contemplan actualmente en el proceso -al menos en la Región de Murcia- y lo sé de primera mano al haber sido presidente de un tribunal en 2023 y haber realizado el correspondiente curso de formación específico para esta labor.
Se pide que "que se garantice que con los mismos instrumentos de evaluación del tribunal no pueda haber diferencias superiores a 3 puntos en las calificaciones de los miembros del tribunal" pero eso ya está contemplado en el proceso actual:
"Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del tribunal a un examen exista a una diferencia de 3 o más enteros se excluirán automáticamente la calificación máxima y la mínima, hallándose la nota media de las calificaciones restantes".
La exclusión de notas comentada anteriormente se realiza automáticamente por la aplicación donde se introducen las notas, no se excluyen manualmente por el tribunal o alguno de sus miembros como el Presidente o el Secretario. Es decir, pues ya estaría. Esa reivindicación al menos.
Otra que se está planteando mucho es que no sea el presidente del tribunal 1 de la especialidad el único responsable del diseño de la prueba práctica. De acuerdo por varias razones, las principales que es demasiada responsabilidad para una sola persona y existe una alta probabilidad de errores.
Sinceramente, no creo que la razón principal sea la supuesta injerencia de la Consejería para que sea más o menos difícil, sino algo más sencillo: reducir al máximo la posibilidad de filtraciones que sin duda ocurrirían si el diseño de la prueba efectivamente lo hiciera la Comisión de selección, compuesta al menos por cinco personas y donde el presidente del tribunal 1 es el presidente de dicha comisión, pero que está compuesta por TODOS los presidentes de los tribunales de la especialidad. Claro, ¿cómo organizas y garantizas la confidencialidad de 8, 12, 20 personas elaborando un examen?
Las funciones de las comisiones de selección están recogidas en el artículo 33 de la Orden de 23 de diciembre de 2022, entre ellas está la elaboración de la parte B2 de la prueba única de la fase de oposición y en el curso de presidentes se añade que "en última instancia es potestad del presidente del tribunal número 1". Visto lo visto, más que en última instancia parece que es siempre la primera opción (pocos se opondrían y confiarían en el buen hacer de su presidente ya que lógicamente elaborar este examen es un trabajo extra para los presidentes de los tribunales que no sumaría ninguna cantidad a la de por sí ya escasa compensación económica que conlleva participar como miembro de tribunal).
Lo que yo propondría, no todo van a ser críticas, es una prueba tipo test para la que encargaría a cada presidente de tribunal unas 20 preguntas agrupadas por los bloques del temario actual (gramática, literatura, etc.) y de la parte pedagógica (LOMLOE, unidades didácticas, etc.). Luego el presidente del tribunal número 1 elegiría entre ese banco de preguntas, las 100 que compondrían la prueba práctica.
El riesgo de filtraciones se reduciría, nadie excepto el presidente del número 1 conocería TODAS las preguntas (el Presidente del número 1 también haría sus correspondientes 20 preguntas) y todo se parecería más a otras oposiciones con más transparencia, que es precisamente una de las eternas reivindicaciones.
Hacer un test de 100 preguntas no implicaría más de 2 horas de tiempo para su realización, se podrían publicar las hojas de respuestas, se minimizarían las reclamaciones y solo se tratarían la impugnaciones de preguntas mal redactadas, respuestas incorrectas y demás, lo normal, vamos.
En cuanto a lo que se pide que la baremación la haga una única comisión, yo voy más allá: dado que es una labor meramente administrativa que los tribunales han heredado por la gracia divina, la devolvería a los técnicos y administrativos de la Consejería de donde nunca debió salir.
Del resto de peticiones a nivel autonómico no tengo muy claro si la selección de los presidentes por sorteo sería lo mejor, uno de los criterios "oficiosos" actuales (por lo que he observado en las últimas convocatorias) es que esa persona haya obtenido la plaza recientemente, en otras palabras, que tenga fresco el procedimiento y demás.
Mi humilde opinión o si lo prefieres, my two cents!
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